Se acaba de aprobar, con cuestionables maniobras, una ley de ciencia bipolar. Por una parte se encuentran declaraciones generales avanzadas. Es loable que se establezca el derecho humano a la ciencia. También hay pronunciamientos generales en torno a la libertad de investigación y de cátedra.
Se plantea que la política pública deberá promover todas las formas de conocimiento, por lo que propiciará la pluralidad epistémica, reconociendo la diversidad y el valor de los conocimientos tradicionales, así como el uso de categorías propias, sus formas de producirlas y sus múltiples utilidades sociales.
Se dice que se realizará una definición democrática de la Agenda Nacional para atender y afrontar las necesidades, problemáticas y retos contemporáneos de la sociedad mexicana. Esa definición tendría que hacerse por medio de la participación de la comunidad a nivel local, regional y nacional, así como al interior de las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación. Se habla de distribución equitativa y proporcional de los recursos públicos destinados a apoyar la investigación, así como su uso óptimo y transparente; también del mantenimiento y mejoramiento continuo de la infraestructura y los equipamientos indispensables para la investigación.
Pero, fuera de lo retórico y de un nominalismo esencialista que considera que poniendo palabras se resuelven los problemas, no hay un aterrizaje congruente de cómo se conseguirá en los hechos todo eso. Hay declaraciones y promesas sin elementos que las traduzcan en acciones. Por otra parte, existen muchos puntos establecidos que indican un control gubernamental, un verticalismo y posiciones excluyentes que no garantizan, sino disminuyen el ejercicio de derechos. Se invita a investigar y divulgar con un dinamismo muy democrático.
No obstante, este ímpetu se contradice por las estructuras que sí se proponen y que no son afines a las proclamas generales sin aterrizaje. No puede haber plena libertad de investigación ni de docencia si se llega a demandar una obediencia burócrata a lo que pueda imponer la cabeza de sector. El proceder horizontal y colegiado propio del espíritu científico es contrario a la generación de decisiones verticales de las burocracias.
Se especifica que las y los investigadores de los Centros Públicos de Investigación deben observar los principios que rigen el servicio público donde se encuentra la disciplina y la estructuración jeráquica. Habría que tener en cuenta que libertad de investigación tiene que ver con autodeterminación y no dependencia.